Opinión

La muerte del docente neuquino y un final de época

por Diego Barovero
http://diego-barovero.blogspot.com



La brutal represión desatada por la policía del
gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, desembocó en la
trágica muerte del maestro Carlos Fuentealba, que
participaba junto con otros trabajadores de la
educación de una manifestación reclamando por salarios
dignos para el sector.
A lo largo de las últimas semanas hemos tenido
noticias de la virtual militarización a la que ha sido
sometida Santa Cruz, el feudo del presidente Néstor
Kirchner, para tratar de ahogar y reprimir los
insistentes reclamos de los docentes de la provincia.
También Salta, gobernada por Juan Carlos Romero ha
sido escenario de represión indiscriminada para
silenciar el activismo por la justa reivindicación
docente.
Una casta de gobernantes de estilo feudal, todos ellos
emparentados con la lógica de poder de la década
menemista, comienza a ver amenazado su poder, hasta
ahora omnímodo en algunos casos, y reacciona con una
violencia inusitada.
En todos los casos son responsables de la aplicación
de políticas de ajuste cuyas consecuencias más nocivas
recaen sobre los sectores más desprotegidos social y
económicamente. En muchos casos también están ligados
a intereses de los grandes trusts petroleros y
responden por ellos, hay que decirlo.
La sociedad toda ha reaccionado a través de una
magnífica movilización en distintos puntos de la
República para rechazar la utilización de métodos
violentos propios de las dictaduras por parte de los
gobernantes constitucionales que pretenden acallar
legítimos reclamos de diversos sectores sociales
castigados por la inocultable crisis.
El problema salarial docente que es de toda justicia,
se ha incrementado a raíz de la insensata y
electoralista actitud del gobierno nacional de
anunciar aumentos cuyo efectivo cobro por parte de los
educadores no puede garantizar que las jurisdicciones
provinciales abonen por falta de recursos que, por
otra parte, son manejados discrecionalmente desde la
Casa Rosada y la Jefatura de Gabinete. Se desnuda otra
falencia del esquema institucional argentino: la
Constitución Nacional reformada en 1994 preveía que
antes de fines de 1996 debía sancionarse una nueva ley
marco de Coparticipación Federal que asegurara los
recursos que el Estado Federal debe remitir a las
provincias.
El asesinato de Fuentealba descubre el grado de
degradación moral y cultural argentino: en nuestro
país la vida no vale nada. Reclamar por un derecho,
ejerciendo la garantía constitucional de peticionar
ante las autoridades puede convertirse en un viaje de
ida. Se reprime indiscriminadamente y un funcionario
público cuyo brazo es armado por el Estado se
convierte en vulgar matador de compatriotas. Sin
embargo, hay un matador pero también hay un asesino,
que es el máximo responsable político de la
jurisdicción, el gobernador de quien depende la
policía, quien lejos de asumir su responsabilidad
decide atornillarse al sillón, contratacando con
operaciones de prensa, que pretenden ocultar que el
poder provincial se le escurre de las manos como el
agua. La carrera política de Jorge Sobisch, retoño del
clan Sapag, aquellos neoperonistas para los cuales
daba lo mismo ser gobernantes legítimos que de facto,
llega inexorablemente a su fin y de la peor manera. El
sueño de la candidatura presidencial que unificara al
espectro centroderechista con partidos provinciales y
vecinales se ha transformado en una pesadilla. Nadie
quiere irse a dormir con la imagen de este Freddy
Kruguer del subdesarrollo, que es a todas luces un
auténtico cadáver político.
El lamentable y trágico destino del Fuentealba, un
desconocido trabajador de la educación hasta que se
topó con el arma asesina de un policía, puede terminar
siendo la primera página del epílogo del largo reinado
de un nefasto clan feudal en una rica provincia como
Neuquén. Es esperable que así sea para bien de la
sociedad neuquina y para honor de la República que
debe ir sacudiéndose la rémora de esas castas locales
enquistadas en el poder merced a la utilización
clientelista del empleo público y la ayuda social.
Los terribles crímenes suelen ser preludios de finales
de época. Lo fue en Catamarca el de María Soledad
Morales para la familia Saadi. También el triple
asesinato de la Dársena para Carlos y Nina Juárez en
Santiago del Estero. La muerte de Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki no fue el fin, pero sí el empujón
que obligó al presidente Duhalde a adelantar el final
de su mandato y la convocatoria anticipada a
elecciones. La tragedia de Cromañón desnudó una red de
corruptelas en la administración porteña que se llevó
puesto al jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra.
No hay democracia sin participación popular, sin
vigencia irrestricta de los derechos humanos y las
libertades civiles y políticas que asegura la
Constitución Nacional, sin un servicio de justicia
independiente no controlado por el poder político, sin
república con división de poderes.
Es responsabilidad de los que gobiernan asegurar la
plena vigencia de todas esas premisas y el
responsabilidad de la sociedad civil movilizarse para
hacerlas efectivas y controlar al gobierno para su
eficaz cumplimiento.