Golpes y Golpismo

por Diego Barovero

El relato oficial sostiene que la disputa de poder e intereses entre el gobierno de la señora de Kirchner y el agro estuvo y está teñido de un embozado golpismo hacia las instituciones republicanas y democráticas legítimas que aquél representa.

En su belicoso discurso en el acto masivo convocado en Plaza de Mayo hace semanas atrás en apoyo a su gestión, la presidenta incurrió en el garrafal error histórico de sostener que nunca ningún gobierno constitucional había sufrido más ataques y agravios que la administración que ella lidera.

Constituye una afirmación injusta y temeraria de su parte, ya que omite tener en cuenta que otros presidentes constitucionales de origen constitucional y legítimo a partir de su respaldo popular electoral, también fueron víctimas de ataques sistemáticos desde la oposición política y las corporaciones de intereses así como de la prensa, que fueron parte de la escalada que condujo a su posterior desplazamiento forzado del gobierno.

Valgan los ejemplos de Hipólito Yrigoyen, atacado con saña desmedida; Arturo Illia, desacreditado hasta el extremo; María Estela Martínez, alias Isabelita, también denostada por campañas de acción psicológica y Fernando de la Rúa, ridiculizado y vituperado. Todos ellos, en distinto grado fueron esmerilados a través de mecanismos orquestados de deterioro de su imagen pública hasta convertirlos en presa fácil de golpes de Estado que condujera a su derrocamiento o su retiro anticipado del gobierno.

No es parangonable la situación de la señora de Kirchner que soporta, como es lógico en todo régimen que asegure la efectiva vigencia de la libertad de expresión, de un cierto grado de crítica de parte de algunos sectores en particular, pero que goza del bien merecido reconocimiento de su legitimidad constitucional, sin que ningún sector realmente representativo de la Argentina -aún en las antípodas de su imaginario ideológico- plantee o aspire a su reemplazo por otra vía que no sea la de la voluntad popular libremente expresada y en cumplimiento de la periodicidad de su mandato.

El golpismo fue una característica desgraciadamente intrínseca en nuestra cultura política en el pasado reciente argentino, con consecuencias profundamente nocivas no solo desde lo político sino desde lo social, cultural y económico; por lo que toda afirmación en sentido, máxime a un cuarto de siglo de recuperada la democracia tras un largo período de inestabilidad institucional, debe ser ponderada para evitar infringir más daño al sistema de convivencia democrática entre los argentinos.

Pero ocurre que al mencionarse o agitarse la bandera del pretenso "golpismo" que animaría el accionar de ciertos grupos de presión y de interés, de medios de prensa y de políticos opositores hacia el gobierno, suele cometerse el error de unificar o standarizar a las acciones de desestabilización y derrocamiento de las instituciones comúnmente denominadas " golpe", cuando en realidad existe una variada gama de golpes que a través de la historia argentina pusieron fin a gobiernos constitucionales o de facto.

Vale decir que no todos los golpismo son iguales o equivalentes entre sí, ya que existe toda una gama de estilos y caracterizaciones de los golpes de Estado. En efecto, en la Argentina del siglo XX hubo distintas variantes de lo que se conoce como golpe de Estado destinado a poner fin a la gestión del gobierno y a reemplazar las instituciones previstas por el régimen constitucional por otras de carácter extraordinario.

Veamos una posible clasificación:

El golpe cívico militar clásico

Es aquél en el confluyen sectores de las fuerzas armadas (no el conjunto de las instituciones militares) con participación activa de sectores de la vida civil (partidos políticos opositores, grupos empresarios, medios de prensa, etc.).

El ejemplo más típico de esta modalidad fue la revolución del 6 de septiembre de 1930, que contó con escasa participación militar (la mayoría de las unidades militares permaneció leal al gobierno constitucional de Yrigoyen o en actitud pasiva y expectante) y un alto grado de participación civil, animada desde distintas organizaciones (Sociedad Rural, partidos políticos de oposición, diarios Crítica, La Nación y La Prensa).

En realidad valdría asimismo ubicar al golpe de 1930 en la categoría de verdadero intento de revolución de corte fascista y corporativo, de acuerdo con la inspiración inicial del general José Félix Uriburu de sustituir íntegramente el régimen constitucional liberal, posteriormente abortado por elementos integrantes de la misma conspiración como el general Agustín P. Justo y sus aliados.

También pueden enmarcarse en esta categoría, aunque con un cada vez mayor protagonismo militar el golpe del 4 de junio 1943, protagonizado fundamentalmente por la guarnición militar de Campo de Mayo que contó con un indudable respaldo civil en repulsa al régimen conservador derrrocado que se asentaba en el fraude electoral; y la Revolución Libertadora que estalló el 16 de septiembre de 1955 y asumió el gobierno efectivo de la Nación el 23 de septiembre. En esta última, si bien protagonizada fundamentalmente por la marina de guerra y sectores del ejército, existió un muy importante aporte ciudadano, fruto de la exacerbación de la antinomia "peronismo-antiperonismo", que puede identificarse en la actuación de los llamados "comandos civiles" desde el comienzo de la conspiración, cuya importancia fue reflejada por Amadeo Sabattini, caudillo radical de Córdoba que sostuvo que en dicha provincia "el radicalismo fue la infantería de la Revolución Libertadora".

El golpe militar propiamente dicho

Esta modalidad se caracteriza por la responsabilidad institucional del conjunto de las fuerzas armadas en el diseño, ejecución y dirección del golpe de Estado, así como en el posterior ejercicio de la administración gubernamental posterior al desplazamiento de las autoridades constituídas, aún cuando cuente con participación de elementos civiles en determinadas instancias, ya sea en la etapa conspirativa, como en la del posterior ejercicio del gobierno.

Los ejemplos típicos de esta categoría son los golpes de 1962, 1966 y 1976, con sus propias singularidades cada uno de ellos, pero que respondieron a una determinación uniforme propia del llamado "espíritu de cuerpo" militar al llevar a cabo las asonadas que produjeron el quiebre de la continuidad constitucional implantando regímenes de facto en los que tuvieron a su cargo la responsabilidad institucional directa.

Cabe señalar que el golpe de marzo de 1962 destinado a relevar del mando presidencial a Arturo Frondizi, fue una determinación institucional unánime de los comandos militares que, sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo en la designación del reemplazante del presidente constitucional, permitiendo que la impasse favoreciera la jugada política que determinó que la Corte Suprema tomara juramento y convalidara la asunción de José María Guido, por aplicación de la ley de acefalía.

En los casos de la Revolución Argentina del 28 de junio de 1966 y del Proceso de Reorganización Nacional, las fuerzas armadas institucionalmente procedieron a sustiuir el régimen constitucional asumiendo directamente la responsabilidad de la conducción del Estado, consagrando la figura de la Junta Militar que reunía a los comandantes de las tres fuerzas como organismo superior y, que a su vez, tenía a su cargo la designación del presidente que debía ser un jefe militar previamente retirado del ejercicio activo. La excepción a esta norma común a ambos regímenes la constituyó la designación del general Alejandro Agustín Lanusse en 1971, que conservó a su vez el mando del ejército y la de la primera etapa de la última dictadura (1976/1978) en la cual el comandante en jefe del ejército general Jorge Rafael Videla desempeñaba la presidencia de la Nación.


El golpe dentro del golpe

Se trata de la situación en la cual, una vez triunfante el derrocamiento de las autoridades constitucionales legítimas y establecido el nuevo gobierno de facto, se produce el desplazamiento de la máxima autoridad de éste en virtud de desinteligencias en el seno del esquema de poder.

Son los casos de las primeras cuarenta y ocho horas posteriores al golpe del 4 de junio de 1943, cuando el general Arturo Rawson, sobre quien primariamente existía acuerdo para ejercer la presidencia de facto, termina siendo sustituído por el general Pedro Pablo "Palito" Ramírez dado el descontento de la logia militar G.O.U (Grupo Oficiales Unidos) con las designaciones previstas por el primero que implicarían una actitud proclive al abandono de la neutralidad argentina en la 2° Guerra Mundial.

Tiempo después, fue el propio Ramírez quien terminó deplazado por el mismo grupo, esta vez en favor del vicepresidente de facto general Edelmiro J. Farrell quien preparó el terreno para el posterior ascenso del entonces coronel Juan Perón como heredero del régimen militar.

Asi también, en la Revolución Libertadora, la asonada del 13 de noviembre de 1955 significó el fin de la presidencia del jefe del estallido general Eduardo Lonardi, quien fue desplazado por el descontento reinante en el sector liberal del ejército, en la totalidad de la marina y de los partidos políticos participantes de la Junta Consultiva Nacional con el elenco que lo rodeaba conformado por elementos de inspiración nazifascista. Fue reemplazado en la titularidad del poder ejecutivo por el general Pedro Eugenio Aramburu.

Otro caso lo constituyen el reemplazo del general Juan Carlos Ongania por el general Roberto Marcelo Levingston por decisión de la Junta Militar, en un clima de descontento generalizado por la eclosión social del Cordobazo y el secuestro del ex presidente Aramburu. Posteriormente y ante la imperiosa necesidad de dar una salida constitucional al régimen de facto, el propio comandante del ejército general Lanusse debió asumir la presidencia tras desplazar a Levingston.

Durante el denominado Proceso el único de los presidentes de facto que cumplió, por así decirlo, con el mandato establecido en virtud del Estatuto dictado por las propias fuerzas armadas fue Videla. Su sucesor designado general Roberto Eduardo Viola fue desplazado a los nueve meses de su asunción por el comandante del ejército general Leopoldo Fortunato Galtieri quien imaginó la recuperación de las Islas Malvinas como el trampolín político de la dictadura y de él mismo. Tras el estrepitoso fracaso bélico, en junio de 1982, él mismo debió abandonar el gobierno y ser reemplazado con vistas a una salida electoral por el general Reinaldo Benito Bignone, esta vez designado en soledad por el comandante en jefe del Ejército, ya que las otras dos fuerzas resolvieron retirarse de la Junta Militar en disconformidad con la designación.

El golpe basado en la lógica interna del peronismo

Las categorías anteriores contaron con la presencia activa y protagónica de las fuerzas armadas, en mayor o menor grado, como actores del golpe.

Las ejemplificaciones que se dan a continuación se caracterizan por tener un contenido eminentemente civil.

En esta categoría podrían englobarse dos casos disímiles por las circunstancias en que se desenvolvieron ambos procesos por los cuales dos presidentes constitucionales fueron desplazados del ejercicio del cargo debido a la lucha entre facciones internas del movimiento peronista, para ser reemplazados por otros presidentes de igual signo partidario. Son los casos de Héctor J. Cámpora y Adolfo Ródríguez Saá.

En el caso del odontólogo y delegado de Perón, elegido por la abrumadora mayoría cercana al 50% en marzo de 1973, luego de cuarenta y nueve días de ejercicio del gobierno se vió forzado a presentar la renuncia presuntamente voluntaria junto con su compañero de fórmula el vicepresidente Vicente Solano Lima, para la realización de nuevos comicios desarrollados sin proscripciones políticas de modo de facilitar el retorno efectivo del anciano general Perón a la presidencia constitucional. El eufemismo ocultaba la realidad de una lógica facciosa propia de la visión del poder en el peronismo que implicó el triunfo del ala derecha y más reaccionaria de esta fuerza (liderada por López Rega con la poco disimulada bendición del caudillo) sobre los movimientos juveniles y renovadores que pretendían respaldarse en el desplazado presidente.

La crisis institucional de diciembre de 2001 y comienzos de 2002 también tiene una relación directa con la lógica de poder en la interna peronista. Una vez producida la renuncia del presidente constitucional Fernando de la Rúa, la cuestión para el peronismo pasaba por determinar hacia qué grupo o cacique debía inclinarse la balanza para resolver la sucesión presidencial por acefalía dentro de un marco legal. De tal suerte que luego de sucesivos cónclaves y deliberaciones de la moderna liga de gobernadores peronistas para elegir a quién habrían de impulsar como primer mandatario en la asamblea legislativa que debía funcionar como cuerpo electoral, los postulantes más cotizados (Ruckauf, Reutemann, De la Sota, Puerta) resignaron sus aspiraciones dejando el camino libre al gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá quien terminó asumiendo la presidencia a plazo fijo de tres meses para impulsar un nuevo proceso electoral, de resultas del acuerdo arribado entre los jefes provinciales peronistas.

No obstante y con el transcurso de la semana el presidente que alguna vez protagonizó involuntariamente un cortometraje casero de clasificado como "porno hard" de circulación restringida, dió señales claras de sus intenciones de permanecer en el cargo más allá de lo acordado con sus pares y conmilitones, tras lo cual debió soportar una embestida interna arropada tras el conato de rebelión popular de fin de diciembre de 2001 impulsado por el peronismo bonaerense dirigido por el senador Eduardo Duhalde (hasta entonces silencioso jugador de la interna peronista sin aspiraciones presidenciales blanqueadas) ante la pasiva indiferencia de la misma liga de gobernadores que lo había impulsado a la presidencia. Tras episodios nunca aclarados en los que el mismo implicado sostuvo haber temido por su integridad física y la de su familia, se refugió en su provincia para enviar por fax su renunca a la primera magistratura y abrir nuevamente el juego electoral entre los caciques peronistas.

Esta vez, sin embargo, el control pasó a manos del PJ de Buenos Aires que logró plasmar una mayoría legislativa más sólida que la que consagró a Rodríguez Sáa (merced al pacto Alfonsín-Duhalde) que permitió al ex gobernador bonaerense acceder a una presidencia que le fue esquiva de acuerdo a la voluntad popular en 1999.

El golpe civil a partir de la rebelión popular

Es la más original de las categorías en estudio, ya que a su condición de golpe institucional con características pura y exclusivamente civiles, se suma la de contar con un estado de movilización y agitación popular previa que expresa su descontento activo en contra las autoridades constituídas y proclama su voluntad de que sea desplazado más allá de los términos de periodicidad constitucional. Su más típica expresión fue el acuñamiento de la consigna "que se vayan todos" coreada en todas las manifestaciones populares.

Un sólo caso registra este ítem de nuestra clasificación y es el que corresponde al abrupto y traumático final del gobierno de la Alianza encabezada por el presidente Fernando De la Rúa. La crisis social y económica fruto del agotamiento del modelo de convertibilidad, sumada a la impericia política de la administración aliancista hizo eclosión a finales de 2001 incorporando al malestar de los sectores más pobres y marginales el descontento activo de los sectores medios perjudicados por medidas impopulares dictadas por el gobierno (impuestazo, reducción de jubilaciones, pensiones y salarios públicos, corralito bancario).

Ante la imposibilidad del gobierno legal de reconstruir su autoridad fruto de la pérdida de la mayoría relativa en las cámaras del Congreso tras el fracaso electoral de las elecciones de medio término y al contar con ningún ascendiente en los partidos integrantes del frente electoral gobernante, sin necesidad de intervención de fuerzas armadas en el proceso de desplazamiento, el gobierno de De la Rúa caen ante la falta de respaldo parlamentario y popular.

El "vacío de autoridad o de poder" por así llamarlo es ocupado por el justicialismo opositor, triunfante en los comicios parlamentarios recientes y titular de la mayoría de las gobernaciones provinciales, incluídas las más importantes por densidad de población y recursos económicos. Pero al no existir un liderazgo unificador se abre una instancia de negociación interna tendiente a dirimir en quién recaerá la responsabilidad de encabezar el futuro gobierno. Luego de una maratón de reuniones y conciliábulos la designación recae en el caudillo y gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sáa.

En definitiva y como puede apreciarse, no todos los golpes han sido iguales ni equivalentes a través de la historia contemporánea argentina. A veces suele cometerse el desliz de unificar a todos ellos, sin considerar las diversas circunstancias que enmarcan cada proceso y es bueno detenerse a analizarlos, un poco como ejercicio de repaso histórico y otro poco para reflexionar acerca de la necesidad de superar antinomias perimidas y desdramatizar los hechos del presente para evitar profundizar las brechas.