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EL 10 de febrero de 1912 el Congreso de la Nación sancionaba la Ley Nº 8.871, más conocida como Ley Sáenz Peña, que aseguró la efectiva participación del pueblo en el gobierno de la cosa pública. Conviene recordar que por entonces la política argentina estaba vedada para los sectores populares y fue causa del nacimiento primero de la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical después, cuyo objetivo fundacional fue poner fin al sistema político excluyente y fraudulento, para que el pueblo pudiera votar en libertad y que su voluntad fuera respetada. El radicalismo, conducido por Leandro Alem al comienzo y posteriormente por Hipólito Yrigoyen llevó a cabo la acción revolucionaria en 1890, 1893 y 1905 y consecuencia directa de su estrategia de intransigencia fue la obtención de la Ley Sáenz Peña. Una vez electo presidente Roque Sáenz Peña le planteó a Hipólito Yrigoyen la necesidad que la UCR abandonara la lucha revolucionaria y se integrara al gobierno (ofreciéndole sendos ministerios), lo que fue rechazado de plano por el caudillo radical quien únicamente exigió que se asegurara la libertad del pueblo a votar libremente. Una vez aprobada la Ley 8.871 obra de la UCR y de Yrigoyen que garantizaba el voto secreto, universal y obligatorio, la norma fue aplicada gradualmente y recién en 1916 pudo elegirse un nuevo presidente bajo su imperio. Allí la Convención Nacional de la UCR resolvió levantar la abstención revolucionaria y consagró a Hipólito Yrigoyen como candidato a la Presidencia de la República, quien se impuso en los primeros comicios presidenciales por voto popular. El radicalismo, Hipólito Yrigoyen, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza (el vicepresidente que sucedió a Sáenz Peña a su muerte y cumplió el empeño de la palabra de éste) aseguraron así la concreción del principio republicano y representativo consagrado por el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional. Dr. Diego Barovero Vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano | 
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