En torno a la cuestión del "doble comando"

Para la Constitución hay solo un presidente

Por Diego Barovero y Fernando Blanco Muiño *

El artículo 87 de la Constitución Nacional dice que un ciudadano (o ciudadana) con el título de Presidente de la Nación Argentina desempeña el Poder Ejecutivo.
De allí que la República Argentina adopta el modelo del presidencialismo unipersonal, a diferencia del Poder Ejecutivo colegiado existente en otros países del mundo (Vgr. la Conferederación Helvética o Suiza y la República Oriental del Uruguay a comienzos y mediados del siglo XX).
La señora Presidenta de la Nación asumió la primera magistratura de la República hace algo más de seis meses, tras haber triunfado en elecciones libres con el 45% de los sufragios de sus conciudadanos y con un diferencia de 20% respecto de la fórmula que salió segunda en cantidad de votos.
Ninguno de esos votos fue dirigido a su esposo, el hoy ex Presidente Néstor Kirchner, quien posteriormente a su alejamiento de la Presidencia se dedicó a reorganizar y presidir el Partido Justicialista, sin que la soberanía popular le haya discernido ninguna otra representación de carácter público.
Sin embargo desde que la Dra. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner asumiera la presidencia y sobre todo en los últimos tiempos pareciera que su gobierno se encuentra sometido a los dictados de dicho ciudadano, ligado a ella por matrimonio, pero que carece de toda representatividad constitucional ni ejerce mandato alguno.
Así parecen confirmarlo los llamativos silencios de la primera magistrada en diversas oportunidades frente al exceso de protagonismo de su esposo o la participación plena y constante de éste en la cotidianeidad de la toma de decisiones presidenciales.
Esta situación ha generado un grado de desnaturalización del régimen republicano, representativo y federal de gobierno consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 1°, que además ha derivado en la exacerbación de pasiones y de enfrentamientos lindantes con la violencia social colectiva en un clima desconocido hasta hoy desde la recuperación de la democracia y el estado de derecho hace venticinco años.
La Nación atraviesa un gravísimo momento del que solamente puede salir fortalecida a partir de la profundización de la democracia que los argentinos hemos elegido como modo de vida y como método de gobierno, renunciando a toda regresión a un pasado de intolerencia y violencia. La naturaleza inherente al régimen democrático y republicano es el diálogo, el consenso y la aceptación de las reglas del estado de derecho que implican la libertad, la igualdad y la justicia.
En este crítico momento en que una parte importante y fundamental de nuestro pueblo se encuentra afectada por una medida administrativa dictada por el gobierno de la Presidenta Fernández de Kirchner y que disparó una crisis que ya lleva cien días y que reclama por todos los medios el retorno a la lógica de la discusión de ideas en un marco de respeto, el esposo de la Presidenta se ha dedicado a la construcción de un escenario de confrontación y colisión entre argentinos, como otros que existieron anteriormente en nuestra historia y que dejamos atrás para consolidar la paz y la convivencia entre compatriotas.
Esa actitud de permanente enfrentamiento y agresividad que caracteriza el accionar el ciudadano Néstor Kirchner ha contrastado por momentos con el incomprensible silencio de la ciudadana Cristina Fernández que ostenta la más alta investidura y que puede interpretarse como de aceptación y sumisión a los deseos, intereses y visión que su esposo tiene de cómo debe resolverse el conflicto gobierno-campo.
La Dra. Fernández de Kirchner posee un muy respetable cursus honorum en la vida política argentina, desempeñando sucesivamente cargos como legisladora provincial, diputada nacional, senadora nacional y Presidenta de la república, y por ello resulta altamente dudoso que a esta altura de su vida y trayectoria profesional y política, desconozca las implicancias de lo que la sociedad argentina puede inferir de su silencio cuando es ella como primera mandataria de todos los argentinos la primera responsable de velar por el bienestar de todos sus conciudadanos.
El exceso de protagonismo institucional de su esposo el cual no desempeña magistratura legal alguna, por momentos parece esmerilar la función presidencial que legítimamente ella desempeña y ello significa un menoscabo de la institución en un país con una acendrada tradición presidencialista.
En virtud de los principios democráticos que rigen la vida del país es indispensable que la Dra. Fernández de Kirchner, sin sobreactuar, se haga cargo de la situación de acuerdo con las obligaciones y deberes que le confiere la Constitución Nacional en tanto Presidenta de la Nación y haga cejar a aquellos que, como su esposo y personajes marginales de segundo orden que lo secundan en estas actitudes y que carecen de toda representatividad, se arrogan potestades de las que carecen por imperio legal.
Resulta pues imperioso para garantizar la paz y el diálogo fructífero entre argentinos que Néstor Kirchner y sus personeros (muchos de los cuales han merecido el repudio de la ciudadanía por expresiones reñidas con la convivencia democrática) sean desplazados del centro de decisiones institucionales para las cuales carecen de legitimidad y mandato legal a un segundo plano, dejando que el normal desenvolvimiento de las instituciones republicanas de gobierno permitan en encauzamiento de la crítica situación que soporta la Nación en procura de soluciones justas y equitativas que atiendan ante todo al bien común de los argentinos de todos los rincones de la Patria, sin distinciones entre réprobos y elegidos.
La Señora Presidenta con la legitimidad que le otorga el mandato popular expresado en octubre de 2007 y el respeto de sus conciudadanos hacia su alta investidura, tiene en sus manos la responsabilidad de arribar a una solución definitiva del diferendo.
Pero para ello debe primero decidirse a hacerse cargo del resultado electoral que derivó en ese mandato conferido por sus conciudadanos - que no le confirieron ninguno a su esposo - y los deberes que el ejercicio de esa investidura implican. Y el primer gesto debe ser el inmediato desplazamiento del ex presidente y tal vez otorgarle a su administración su propia impronta, con la designación de nuevos ministros y secretarios de Estado, los cuales hasta el presente ha heredado mayoritariamente de la gestión de su esposo. Quizá ello sirva para concitar nuevamente la credibilidad social de que actualmente carece su gestión.
Y a partir de allí, el primer desafío del gobierno es hacer política en el marco de las instituciones de la democracia y el sistema republicano abriendo el diálogo sereno y fecundo entre todos los sectores productivos y partidos políticos con representación legislativa en procura de las soluciones equitativas y justas que la crítica situación exige.
El paso dado en el sentido de transferir el tratamiento de la aplicación de retenciones extraordinarias a las exportaciones de soja al Congreso Nacional, ámbito natural de debate y decisiones sobre cuestiones que importan la imposición de contribuciones y tasas a los ciudadanos, puede ser un primer paso auspicioso en la imprescindible reconstrucción del funcionamiento normal del régimen republicano y representativo de gobierno.

*Abogados y profesores de Derecho Constitucional (UBA)